Cristiano Ronaldo, ¿a la cárcel por fraude fiscal?

Los técnicos del ministerio de Hacienda español (Gestha) advierten que el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo podría entrar en prisión por cuatro presuntos delitos fiscales cometidos entre el 2011 y el 2014, tres de ellos agravados que se podrían castigar con penas de prisión de dos años a seis años por cada uno de ellos. Estos cargos supondrían una petición del abogado del Estado de una pena mínima total de siete años por los cuatro presuntos delitos fiscales cometidos para presuntamente defraudar 14,769 millones de euros.

Las multas por este delitos podrían llegar hasta los 28 millones de euros. Gestha destaca el hecho de que ‘finalmente’ la fiscalía ha presentado una denuncia antes del 30 de junio cosa que ha evitado la prescripción. Aún así, Gestha advierte que para evitar la prescripción el juzgado tiene que admitir a trámite la denuncia antes de los próximos seis meses, antes del 31 de diciembre de este año.

Multas astronómicas

Gestha recuerda que las multas mínimas que establece el código penal en estos deleitas podrían llegar hasta los 28 millones, que se tendrían que sumarse a los 14,769 millones de dinero defraudado más los intereses generados. Los técnicos de Hacienda explican en el ejercicio del 2011 el presunto fraude podría haber llegado a 1,394 millones de euros, el 2012 la cantidad sería de 1,665 millones, el 2013 la cifra sería 3,201 millones y el 2014 la cifra se podría elevar hasta los 8,508 millones.

El primer delito que podría haber prescrito era el referente al Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) de 2011 por incumplimiento del artículo 305 del código penal que se penaliza con un mínimo de un año de prisión.

Además de este presunto delito cometido en 2011, la fiscalía recoge otros tres delitos fiscales agravados de los ejercicios del 2012, 2013 y 2014 referidos al artículo 305 bis del código penal al superar las cuotas presuntamente defraudadas los 600.000 euros. En este caso, estos tres delitos se castigan con penas de prisión de dos a seis años por cada uno de ellos, cosa que implicaría la posibilidad que el abogado del estado pidiera una pena mínima total de siete años por los cuatro delitos fiscales presuntamente cometidos entre el 2011 y el 2014.

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